La posición de las OSC respecto a la prevención de la violación de los derechos de los refugiados durante la ley marcial en Ucrania

українська версія

Formulación del problema

La invasión a gran escala de Ucrania por parte de la Federación Rusa y un año de guerra agresiva en Ucrania han agravado aún más la vulnerabilidad de los solicitantes de asilo, refugiados y personas necesitadas de protección complementaria en Ucrania. Estas personas son extremadamente vulnerables y se encuentran de facto en una situación jurídicamente incierta cuando no es seguro regresar a su país de origen, y su estancia en Ucrania se complica por su falta de documentos, de acceso a los servicios sociales y médicos, o incluso por las restricciones a la libre circulación.

La agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania el 24 de febrero de 2022 provocó desplazamientos masivos tanto dentro del país como fuera de sus fronteras. Gracias a la concesión de protección temporal en países de la UE, los ciudadanos de Ucrania han recibido una solidaridad sin precedentes y han tenido acceso a sistemas y servicios en todas las esferas de la vida. Dentro de Ucrania, los solicitantes de asilo que huyeron de conflictos o persecuciones no tienen un país de origen seguro al que regresar y no cuentan con ese apoyo.

La práctica actual de aplicación de las leyes de protección de las personas necesitadas de protección internacional en Ucrania no ofrece un acceso efectivo al procedimiento de asilo. Las personas que no pueden solicitar el reconocimiento como refugiado o persona necesitada de protección complementaria se enfrentan a multas, deportación o detención por "estancia ilegal". Además, la recientemente adoptada Ley 2952-IX restringe el derecho a solicitar protección en la frontera, violando así el principio de no devolución recogido en el derecho internacional.

Los solicitantes de asilo y los refugiados se enfrentan a dificultades cuando intentan abandonar el territorio de Ucrania en busca de un lugar más seguro. Algunos de ellos no pueden circular libremente por el país. Los solicitantes de asilo y los refugiados no siempre tienen acceso a la ayuda humanitaria del Estado destinada a apoyar a las víctimas de la guerra.

Ucrania sigue siendo parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Además, Ucrania ratificó el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, incluido el IV Convenio de Ginebra de 1949. De conformidad con el artículo 4 del Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea de 2014, Ucrania se comprometió a respetar los principios democráticos, el Estado de Derecho y la buena gobernanza, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El derecho internacional permite la derogación de ciertas obligaciones en situaciones de emergencia (como la guerra), pero la derogación de las propias obligaciones sólo se permite en la medida en que lo dicte la urgencia de la situación, siempre que tales medidas no sean incompatibles con sus demás obligaciones en virtud del derecho internacional y no discriminen únicamente por motivos de raza, color, sexo, lengua, religión u origen social.

La primacía y la importancia de la observancia de los derechos humanos están consagradas en el artículo 3 de la Constitución de Ucrania, que establece que la persona, su vida y su salud, su honor y su dignidad, su inviolabilidad y su seguridad son reconocidos como el valor social más elevado en Ucrania, y el establecimiento y la garantía de los derechos humanos y las libertades es la principal obligación del Estado.

La agresión a gran escala de la Federación Rusa en Ucrania se ha convertido en un desafío para la observancia de los derechos humanos en Ucrania, sin embargo, incluso en las condiciones de la ley marcial, Ucrania debe garantizar un trato digno a los solicitantes de asilo y refugiados.

La obligación del Estado de examinar a fondo las solicitudes de los solicitantes de asilo en tiempo de guerra

El artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 (en lo sucesivo, el Convenio) permite a los Estados -las Partes Contratantes- eximirse de las obligaciones que les incumben en virtud del Convenio en tiempo de guerra. Sin embargo, las disposiciones del artículo 3 del Convenio, según las cuales nadie puede ser sometido a tortura ni a tratos inhumanos o degradantes, son absolutas e inderogables.

Aunque el Convenio no prevé el derecho a solicitar asilo, la expulsión de un extranjero puede dar lugar a una violación por parte del Estado de los requisitos del artículo 3 del Convenio si existen motivos suficientes para afirmar que la persona correrá el riesgo de ser tratada en violación del artículo 3 del Convenio en el país de destino.

El Convenio obliga al Estado a examinar de forma independiente y exhaustiva cualquier solicitud del solicitante de asilo sobre si existen razones fundadas para temer un riesgo real de trato contrario al artículo 3 del Convenio en caso de expulsión al país de destino. El Estado también está obligado a proporcionar a una persona acceso a un medio de protección legal, lo que suspende automáticamente el efecto de una decisión previa adoptada en su contra.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya ha tomado una decisión contra Ucrania en relación con la expulsión de un extranjero en violación del Convenio. En el reciente caso de O.M. y D.S. contra Ucrania, se ha examinado una situación de este tipo y se ha determinado que las autoridades de control fronterizo habían deportado a la solicitante de Ucrania sin considerar su solicitud de necesidad de protección internacional en relación con el supuesto riesgo de malos tratos en la República Kirguisa. El TEDH señaló que, dado que la demandante no fue deportada a la República Kirguisa, sino a un tercer país -Georgia-, es necesario establecer si las autoridades estatales de Ucrania verificaron cuidadosamente que el procedimiento de asilo en Georgia ofrecía garantías suficientes para evitar su deportación, directa o indirecta, a la República de Kirguistán y si las autoridades habían evaluado adecuadamente los riesgos a los que podría haberse enfrentado la demandante en términos del artículo 3 del Convenio.

Dicha evaluación deberían haberla llevado a cabo las autoridades estatales de Ucrania por iniciativa propia, sobre la base de toda la información pertinente y actualizada. El TEDH llegó a la conclusión de que en este caso no hay pruebas de que las autoridades estatales ucranianas realizaran ninguna evaluación de trato ilegal durante la deportación del demandante a Georgia. Estas consideraciones fueron suficientes para que el TEDH estableciera que Ucrania no cumplió con su obligación procesal en virtud del artículo 3 del Convenio de evaluar los supuestos riesgos de ser sometido a un trato contrario al artículo 3 del Convenio antes de expulsar al demandante de Ucrania. Así, el TEDH consideró que el artículo 3 del Convenio impone a Ucrania la obligación positiva de llevar a cabo una investigación efectiva de las alegaciones de trato ilegal, que pueden ser invocadas por los solicitantes de asilo.

Los refugiados reconocidos son personas que gozan de protección en virtud del Derecho internacional humanitario

El Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra del 12 de agosto de 1949 (Cuarto Convenio de Ginebra, GCIV) impone a los Estados la obligación de garantizar el cumplimiento de este Convenio en cualquier circunstancia durante un conflicto armado. El Cuarto Convenio de Ginebra está complementado por el Protocolo Adicional I (PA-1) de 8 de junio de 1977. Las personas protegidas por este Convenio son aquellas que en cualquier momento y circunstancia se encuentren, en caso de conflicto u ocupación, bajo la autoridad de una parte en conflicto. Según el artículo 73 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra, las personas que, antes del comienzo de las hostilidades, eran consideradas refugiados de conformidad con los actos internacionales pertinentes o con la legislación nacional del Estado que concedió el asilo, son personas que se benefician de la protección de conformidad con el significado del artículo IV en todas las circunstancias y sin distinción adversa alguna.

Las partes en conflicto armado se comprometen a proporcionar a la población civil, que no recibe los suministros adecuados, acciones de socorro de carácter humanitario e imparcial, llevadas a cabo sin distinción desfavorable alguna.

El artículo IV del GCIV establece que todas las personas protegidas que deseen abandonar el territorio al comienzo de un conflicto o durante el mismo tendrán derecho a hacerlo. Las solicitudes de salida de dichas personas se decidirán de conformidad con los procedimientos establecidos regularmente y la decisión se adoptará lo más rápidamente posible.

En general, el derecho internacional humanitario obliga a Ucrania a garantizar el cumplimiento del principio de humanidad, que establece la igualdad de todas las personas, y a dirigir la protección a las personas necesitadas de asistencia sin distinción alguna.

Las medidas provisionales de la Convención de 1951 no suprimen el derecho a solicitar protección

El artículo 9 del Convenio de 1951 prevé la posibilidad de que una Parte Contratante adopte medidas provisionales en determinadas situaciones, como la guerra u otras circunstancias graves y excepcionales. Para que tales excepciones a las obligaciones (medidas provisionales) se ajusten a la norma del Convenio de 1951, deben evaluarse con arreglo a los criterios establecidos en el propio artículo 9, a saber, que las medidas deben ser esenciales para la protección de la seguridad nacional y que la aplicación ulterior de estas medidas es necesaria para la seguridad nacional en relación con una persona concreta.

Sin embargo, los materiales preparatorios de la Convención de 1951 (travaux préparatoires) indican que las medidas provisionales se referían a la libertad de circulación del refugiado, la posesión de determinados equipos electrónicos y la confiscación de bienes. Por lo tanto, el lenguaje del artículo 9 de la Convención de 1951 no apoya la idea de que la derogación en circunstancias excepcionales sea permisible para todos los derechos de la Convención, incluido el derecho a solicitar protección internacional.

Ucrania puede aplicar cualquier medida provisional en cumplimiento del principio de no devolución y no exime al Estado de su obligación de considerar los casos de concesión de protección internacional de forma individual.

Obligación de Ucrania de armonizar su legislación con las normas de la UE que exigen una evaluación individualizada de las solicitudes de asilo.

Dada la condición de candidato a la adhesión a la Unión Europea de Ucrania, este país debe aplicar efectivamente las reglas, normas y políticas que pliegan el acervo de la UE, también en materia de asilo. La situación de falta de acceso a la protección internacional en Ucrania viola el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE de 2000, que establece el derecho de toda persona a ser oída antes de que se adopte cualquier medida individual que pueda afectarle. De conformidad con el artículo 4 de la Directiva sobre los requisitos, las solicitudes de protección internacional deben examinarse y decidirse siempre de forma individual, objetiva e imparcial.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha subrayado que el derecho a ser oído también exige que las autoridades presten la debida atención a las circunstancias expuestas por el interesado, examinen exhaustiva e imparcialmente todos los aspectos pertinentes del caso individual y motiven detalladamente su decisión.

La legislación de la UE prevé la posibilidad de establecer excepciones a las obligaciones de protección internacional en situaciones de emergencia. Sin embargo, los Estados deben realizar en cualquier caso una evaluación individual caso por caso antes de poder derogar legítimamente sus obligaciones de proporcionar protección por motivos de emergencia. Además, los Estados miembros deben cumplir plenamente las obligaciones no derogables establecidas en el TEDH y que son coherentes con los derechos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Las organizaciones de la sociedad civil llaman la atención sobre las obligaciones de Ucrania en virtud del Derecho internacional

• Las autoridades estatales ucranianas deben cumplir estrictamente las obligaciones contraídas por Ucrania en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, incluidos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1966. Destacamos que, de conformidad con el artículo 9 de la Constitución de Ucrania, los tratados internacionales vigentes y ratificados por la Rada Suprema de Ucrania forman parte de la legislación nacional de Ucrania.
• Teniendo en cuenta los procesos de integración europea y la candidatura de Ucrania a la UE, así como la necesidad de preservar los principios y valores de la sociedad civil en Ucrania, las autoridades ucranianas deben aplicar efectivamente las reglas, normas y políticas que conforman el acervo de la UE en el ámbito de la protección internacional.
• Pedimos a las autoridades ucranianas que mantengan un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades académicas y los expertos dedicados a la protección de los refugiados, garanticen consultas periódicas con ellos y tengan en cuenta sus recomendaciones a la hora de preparar o revisar decisiones y políticas relacionadas con los refugiados.

CF "DERECHO A LA PROTECCIÓN"

CENTRO PARA LAS LIBERTADES CIVILES

UNIÓN UCRANIANA DE DERECHOS HUMANOS DE HELSINKI

CSI "CENTRO BELARÚS LIBRE

CF "HIAS UCRANIA

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS. ZMINA

CSO "ROKADA

CSO "DESIATE KVITNIA"

IFHEP "REGIÓN KARPAT"

***

Позиція громадських організацій щодо недопущення порушення прав біженців під час воєнного стану в Україні

Опис проблемии

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації та рік агресивної війни в Україні ще більше загострили проблеми вразливості шукачів захисту, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту в Україні. Вказані особи є вкрай незахищеними та de facto знаходяться у юридично невизначеному становищі, коли повернення до країни їхнього походженння не є безпечним, а перебування в Україні ускладнене відсутністю документів, доступу до соціальних та медичних послуг чи навіть обмеженням вільного пересування.

Збройна агресія Російської Федерації проти України 24 лютого 2022 року призвела до масового переміщення як всередині країни, так і за її межі. Користуючись тимчасовим захистом в країнах ЄС, громадяни України отримують безпрецедентну допомогу та підтримку в усіх сферах життя. В межах України шукачі захисту, які втекли від інших конфліктів чи переслідувань, та не мають безпечної рідної країни, куди можна повернутися, такої підтримки не мають.

Правозастосовча практика в Україні наразі не забезпечує ефективного доступу до процедури надання міжнародного захисту. Особи, які не можуть звернутися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стикаються зі штрафами, депортацією або затриманнями за "нелегальне перебування". Крім того, нещодавно прийнятий закон 2952-IX обмежує право на звернення за захистом на кордоні, порушуючи таким чином принцип міжнародного права невислання (non-refoulement).

Шукачі захисту та біженці мають труднощі під час спроби покинути територію України у пошуках більш безпечного місця. Деякі з них не можуть вільно пересуватися всередині країни. Шукачі захисту та біженці не завжди мають доступ до гуманітарної допомоги від держави, спрямованої на підтримку жертв війни. Україна залишається учасницею Конвенції про статус біженців 1951 року та Протоколу до неї 1967 року. Крім того, Україна ратифікувала Женевські конвенції про захист жертв війни, у тому числі і IV Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни 1949 року. Відповідно ж до статті 4 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 2014.

року, Україна взяла на себе зобов'язання дотримуватись демократичних принципів, верховенства права та належного управлінння, прав людини та основоположних свобод.

Міжнародне право дозволяє відступ від певних зобовʼязань під час надзвичайних ситуацій (як-то війна), проте відступ від своїх зобов'язань дозволяється тільки в такій мірі, в якій це диктується гостротою становища, при умові, що такі заходи не є несумісними з їхніми іншими зобов'язаннями за міжнародним правом і не тягнуть за собою дискримінації виключно на основі раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії чи соціального походження.

Першочерговість та важливість дотримання прав людини закріплено статтею 3 Конституції України, якою встановлено, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Широкомасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України стала викликом для дотриманння прав людини в Україні, проте навіть в умовах воєнного стану Україна має забезпечити гідне ставлення до шукачів захисту та біженців.

Зобовʼязання Держави проводити ретельний розгляд заяв шукачів захисту під час війни

Стаття 15 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі - Конвенція) надає можливість Державам - Договірним Сторонам - відступати від своїх зобовʼязань за Конвенцією під час війни. Проте положення статті 3 Конвенції, за якою нікого не може бути підано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню, є абсолютними і відступ від них неможливий.

Хоча Конвенція не передбачає права на пошук захисту, видворення іноземця може призвести до порушення Державою вимог статті 3 Конвенції, якщо буде достатньо підстав стверджувати, що особі загрожуватиме поводження всупереч зазначеній статті у країні призначенняя.

Конвенція вимагає від Держави незалежного та ретельного розгляду будь-якої заяви шукача захисту про те, чи існують вагомі підстави побоюватися реального ризику поводження, яке суперечить статті 3 Конвенції у разі видворення до країни призначення. Держава також зобовʼязана надати особі доступ до засобу юридичного захисту, який автоматично зупиняє дію попереднього рішення прийнятого щодо неї.

Європейських суд з прав людини вже приймав рішення проти України щодо видворення іноземця всупереч Конвенції. У нещодавній справі О.М. і Д.С. проти України розглянув таку ситуацію і встановив, що органи прикордонного контролю вислали заявницю з України без розгляду її заяви про потребу у міжнародному захисті у зв'язку зі стверджуваним ризиком жорстокого поводження в Киргизькій Республіці. ЄСПЛ зазначив, що оскільки заявницю вислали не до Киргизької Республіки, а до третьої країни - Грузії - необхідно встановити, чи перевірили ретельно органи державної влади України, що процедура надання притулку в Грузії забезпечувала достатні гарантії для уникнення її вислання, прямо чи опосередковано, до Киргизької Республіки та чи здійснили органи влади належну оцінку ризиків, з якими могла зіткнутися заявниця, з точки зору статті 3 Конвенції.

Таку оцінку повинні були здійснити органи державної влади України з власної ініціативи, на підставі всієї відповідної та актуальної інформації. ЄСПЛ дійшов висновку, що у цій справі ніщо не свідчить, що органи державної влади України здійснили будь-яку оцінку протиправного поводження під час вислання заявниці до Грузії. Цих міркувань достатньо для встановлення Судом, що Україна не виконала свого процесуального зобов'язання за статтею 3 Конвенції щодо оцінки стверджуваних ризиків зазнанння поводження, яке суперечить статті 3 Конвенції, перед висланням заявниці з України. Таким чином, стаття 3 Конвенції накладає позитивнe зобовʼязання на Україну провести ефективне розслідування заяв про застосування протиправного поводження, на яке може посилатись шукач захисту.

Визнані біженці є особами, які користуються захистом за міжнародним гуманітарним правом

Конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року (Женевська конвенція IV, ЖК IV) покладає на Держави зобовʼязання забезпечити дотримання цієї Конвенції за всіх обставин під час збройного конфлікту. Женевська конвенція IV доповнюється Додатковим Протоколом І (ДП І) від 8 червня 1977 року. Особами, що перебувають під захистом цієї Конвенції, є ті, хто в будь-який момент та за будь-яких обставин опиняються, у разі конфлікту чи окупації, під владою сторони конфлікту. Відповідно до статті 73 Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій особи, які до початку воєнних дій розглядалися як біженці згідно з відними міжнародними актами або з національним законодавством держави, що надала притулок, є особами, які користуються захистом відповідно до смислу ЖК IV за всіх обставин і без будь-якого несприятливого розрізненння.

Сторони у збройному конфлікті зобовʼязуються надавати цивільному населенню, яке недостатньо забезпечене запасами, допомогу виключно гуманітарного та неупередженого характеру без будь-яких несприятливих особливостей.

ЖК IV вказує, що будь-яка особа, яка перебуває під захистом і яка захотіла би залишити територію на початку чи під час конфлікту, матиме право це зробити. Розгляд заяв про виїзд повинен відбуватися за встановленою процедурою, і рішенння повинно прийматися якомога швидше.

В цілому, міжнародне гуманітарне право зобовʼязує Україну забезпечувати дотримання принципу гуманності, який встановлює рівність усіх людей, та спрямовувати захист на людей, які потребують допомоги без будь-якого розрізненняя.

Тимчасові заходи за Конвенцією про біженців 1951 року не позбавляють права подати заяву про про визнання біженцем

У статті 9 Конвенції 1951 року передбачено можливість для Договірної сторони вжити тимчасові заходи у певних ситуаціях, таких як війна чи інші серйозні та виняткові обставини. Для того, щоб такі відступи від зобов'язань (тимчасові заходи) відповідали нормі Конвенції 1951 року, їх необхідно оцінювати за критеріями, викладеними в самій статті 9, а саме, що заходи мають бути важливим для захисту національної безпеки, та що подальше застосування цих заходів є необхідним для національної безпеки стосовно конкретної особи.

Однак у підготовчих матеріалах до Конвенції 1951 року (travaux préparatoires) зазначено, що тимчасові заходи стосуються свободи пересування біженця, володіння ним певним електронним обладнанням і конфіскації майна. Таким чином, формулювання статті 9 Конвенції 1951 року не підтримує ідею про те, що навіть за виняткових обставин допускається відступ від усіх прав закріплених в Конвенції, включаючи право подати заяву про надання міжнародного захисту.

Будь-які тимчасові заходи можуть бути застосовані Україною із дотриманням принципу невислання (norefoulement) та не знімають з держави зобовʼязання розглядати справи про надання міжнародного захисту на індивідуальній основі.

Обовʼязок України гармонізувати своє законодаство із стандартами ЄС, які вимагають індивідуальної оцінки заяв шукачів захисту

Враховуючи статус України як кандидата в держави-члени Європейського Союзу, Україна має ефективно впроваджувати правила, стандарти та політику, які складають право ЄС (acervo), в тому числі у сфері надання захисту. Ситуація з відсутністю доступу до міжнародного захисту в Україні порушує статтю 41 Хартії ЄС про основні права 2000 року, яка надає право кожній особі бути вислуханою до того, як будуть вжиті будь-які індивідуальні заходи, які могли б вплинути на неї. Відповідно до статті 4 Кваліфікаційної директиви заяви на міжнародний захист слід завжди розглядати, а рішення приймати індивідуально, об'єктивно та неупереджено.

Суд Європейського Союзу наголошує, що право бути вислуханим також вимагає від органів влади приділяти належну увагу обставинам, поданим зацікавленою особою, ретельно та неупереджено досліджувати всі відповідні аспекти окремої справи та докладно викладати причини свого рішенння.

Законодавство ЄС передбачає можливість відступу від зобовʼязань у сфері міжнародного захисту під час надзвичайних ситуацій. Проте Держави у будь якому випадку мають провести індивідуальну оцінку справи, перш ніж вони зможуть законно відступити від своїх зобов'язань щодо надання захисту на підставі надзвичайної ситуації. Крім того, держави-члени мають повністю дотримуватися зобовʼязань, які не допускають відступів, викладених у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і які відповідають правам Хартії ЄС про основоположні права.

Громадські організації звертають увагу на зобовʼязання України за міжнародним правом

• Органи державної влади України мають невідступно дотримуватися взятих Україною зобовʼязань за міжнародними договорами у сфері прав людини, включаючи Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 року та Додаткові протоколи до них 1977 року, Конвенцію про статус біженців 1951 року та Протокол до неї року 1966. Підкреслюємо, що відповідно до статті 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
• Враховуючи євроінтеграційні процеси та здобуття Україною статуса кандидата в держави-члени Європейського Союзу, з огляду на необхідність збереження принципів та цінностей громадянського суспільства в Україні, органи влади України, мають ефективно впроваджувати правила, стандарти та політики, які складають право ЄС (acquis) у сфері надання міжнародного захисту.
• Закликаємо українську владу підтримувати діалог з організаціями громадянського суспільства, академічними колами та експертами, які займаються питанннями захисту біженців, забезпечити регулярні консультації з ними та враховувати їхні рекомендації при підготовці або перегляді рішень та політик, пов'язаних з біженцями.

БФ "ПРАВО НА ЗАХИСТ"

ГО "ЦЕНТР ГРОМАДЯНСЬКИХ СВОБОД"

ГС "УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНСЬКА СПІЛКА З ПРАВ ЛЮДИНИ"

ГІ "CENTRO BELARÚS LIBRE"

БФ "HIAS Україна"

ЦЕНТР ПРАВ ЛЮДИНИ. ZMINA

БФ "РОКАДА"

ГО "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ"

МФОЗНС "РЕГІОН КАРПАТ"