La Directora de HIAS para América Latina y el Caribe presenta la Declaración Conjunta de las ONG ante el Consejo de Seguridad de la ONU ACNUR

Cristina García, Directora Regional de HIAS para América Latina y el Caribe, hizo la siguiente declaración conjunta sobre la situación actual del desplazamiento forzado en las Américas en la 86ª reunión del Comité Permanente del ExCom, el Comité Ejecutivo de ACNUR, que se reúne en Ginebra para examinar las preocupaciones globales, revisar los programas de ACNUR en las diferentes regiones, asesorar sobre protección internacional y discutir una serie de otras cuestiones con socios intergubernamentales y ONG.

Declaración de las ONG sobre las Américas y el Caribe 

Esta declaración pretende reflejar la diversidad de puntos de vista dentro de la comunidad de ONG.

En las Américas, el desplazamiento se disparó hasta alcanzar nuevos niveles récord en 2022 debido a un aumento de los movimientos mixtos que afectaron a casi todos los países de la región a la vez y aumentaron tanto en volumen como en complejidad. En la actualidad, la región registra la mayor tasa de desplazados por la fuerza y apátridas del mundo, lo que representa el 16%, o más de 20 millones de personas, de la cifra total^.1

El espacio general de protección se redujo en gran medida debido a la introducción de políticas y medidas migratorias restrictivas que estrecharon o limitaron las rutas seguras y la movilidad sin restricciones, exponiendo a las personas refugiadas y personas en movimiento a un mayor riesgo de sufrir daños graves. El año pasado, al menos 1.338 personas perdieron la vida o desaparecieron en rutas migratorias que intentaban llegar a su destino, principalmente en la frontera entre Estados Unidos y México y en el Caribe. Se trata de la cifra más alta jamás registrada, que asciende a unos 7.300 casos documentados en total desde 2014^.2 Después del Mediterráneo, las Américas es el segundo lugar más peligroso para las personas en movimiento.

Una característica crucial de los movimientos mixtos de personas en las Américas es que tienen dos escalas: regional e interna. En primer lugar, la región ha sido testigo de una crisis de movilidad humana vinculada a los desplazados venezolanos, haitianos, cubanos, nicaragüenses, hondureños y ecuatorianos que buscan seguridad en EE.UU. viajando a través de la frontera. En segundo lugar, las amenazas naturales y los conflictos armados han exacerbado las condiciones para el desplazamiento interno dentro de los países El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Haití y México.

Las ONG están preocupadas por el impacto negativo en la protección, la educación, la seguridad alimentaria, los medios de vida, la salud y la disponibilidad de agua y saneamiento que los desplazados internos, los refugiados, las personas en movimiento, los apátridas y sus comunidades de acogida están experimentando a la luz de la desaceleración del crecimiento económico, que se espera continúe hasta 2023^.3 Los esfuerzos para hacer frente a estos desafíos son fundamentales.

También nos preocupan los persistentes informes sobre violencia de género, especialmente violencia sexual, a lo largo de rutas migratorias como el Tapón del Darién (frontera entre Colombia y Panamá)⁴ y a través de Centroamérica y México. Las condiciones actuales han creado un entorno peligroso, especialmente para las mujeres y las niñas, donde la inseguridad y la ausencia de respuestas gubernamentales dificultan la ejecución de la mayoría de los programas humanitarios. Las sobrevivientes experimentan restricciones en el acceso a servicios de salud, apoyo psicosocial, gestión de casos y mecanismos de protección en general.

En este contexto, las ONG y las autoridades siguen respondiendo sin tener capacidad suficiente para ayudar a las personas más necesitadas, sobre todo en lugares fronterizos y de difícil acceso. El liderazgo de ACNUR es urgente para mantener una respuesta bien financiada y coordinada.

Esperamos que la Declaración de Los Ángeles, firmada en junio de 2022 por 21 gobiernos, y la Declaración de Buenos Aires, firmada por 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en enero de 2023, puedan mejorar el deteriorado espacio de protección para las personas obligadas a huir y promover un camino claro para abordar y garantizar un enfoque hemisférico sobre esta crisis en curso. Animamos a ACNUR a garantizar que las ONG de la región tengan un espacio de participación significativo en este marco.

I. Una crisis regional de desplazamiento: El Tapón del Darién

En 2022, 248.000 personas en movimiento⁵ realizaron la travesía a través del Tapón del Darién, una cifra récord según los datos oficiales^.6 Cabe destacar el cambio demográfico en los flujos de movilidad humana, compuesto en gran parte por venezolanos, pero con un número creciente de ecuatorianos y colombianos. Dos factores explican este cambio. En primer lugar, las barreras y los cambios en las políticas migratorias de los países del sur del continente han dificultado la regularización de la población venezolana. La recesión económica que afecta a gran parte de la región, el aumento de las políticas dirigidas en contra de los venezolanos (por ejemplo, en Perú) y las limitadas oportunidades de integración socioeconómica han provocado que las personas en movimiento que tenían previsto establecerse en Suramérica abandonen la subregión para dirigirse a través del Darién hacia Estados Unidos. En segundo lugar, el deterioro de la calidad de vida, los riesgos naturales y el aumento de la violencia han exacerbado las condiciones para el desplazamiento interno dentro de los países (Guatemala, Honduras, Colombia, Haití y México).

En los últimos seis meses, debido a las continuas políticas migratorias restrictivas de Estados Unidos, muchas personas refugiadas se han quedado varadas en Colombia, Panamá y en el norte de Centroamérica o han sido devueltas a sus países de origen, entre ellos venezolanos, haitianos y hondureños. La mayoría de estas personas se están quedando sin recursos; algunas se dirigen a un nuevo destino debido a las restricciones políticas recientemente promulgadas. En esta nueva realidad, la movilidad humana en la región ya no tiene una única dirección, sino que se compone de flujos y reflujos, hacia el norte, hacia el sur y hacia el interior. Las personas que se desplazan se enfrentan a una crisis humanitaria que tiene múltiples facetas e incluye desempleo, discriminación, inseguridad alimentaria y falta de servicios básicos, junto con el riesgo de ser víctimas de extorsión, asesinatos, lesiones, trata de seres humanos y abusos sexuales, especialmente mujeres y niños.

II. Tendencias en las principales situaciones de desplazamiento

Colombia

A pesar de los acuerdos de paz de 2016, muchas zonas del país han experimentado una reconfiguración violenta, en particular las zonas fronterizas. Diversos grupos armados no estatales y actores criminales se han expandido a zonas anteriormente controladas por las FARC con el objetivo de controlar economías legales y criminales, y de establecer presencia y control mediante disputas o acuerdos de distribución territorial. Los asesinatos, confinamientos, desplazamientos y reclutamiento forzado de bandas armadas, en particular de niños, adolescentes y jóvenes, son medios para gobernar a los habitantes en las zonas de control. Esta violencia ha tenido un inmenso impacto humanitario, y también se ha producido un aumento de las necesidades humanitarias en las ciudades con menos conflicto, ya que los refugiados y las personas en movimiento tratan de evitar las zonas de conflicto. Esta situación también afecta a los refugiados y personas en movimiento que son víctimas del conflicto armado y se enfrentan a obstáculos para recibir ayuda humanitaria del gobierno. Más de 7,7 millones de personas siguen necesitando urgentemente protección y ayuda humanitaria. Las personas desplazadas internas, las comunidades confinadas a la fuerza y las personas vulnerables que se desplazan y los refugiadas están especialmente expuestos a los riesgos de protección derivados del conflicto.

Haití

Desde octubre de 2022, Haití se ha sumido aún más en una crisis multidimensional. Son frecuentes sucesos como el asesinato del primer ministro, disputas armadas entre bandas y fuerzas del Estado, disturbios, saqueos, asesinatos y secuestros de^civiles7 y ataques contra el personal de diferentes ONG. Estos acontecimientos, combinados con la restricción del acceso al combustible debido al control que ejercen las bandas criminales sobre el principal puerto petrolero, un nuevo brote de cólera y la hambruna, evidencian una crisis compleja. A pesar de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá (sanciones), esta situación crítica se ha mantenido, en particular el acceso a bienes esenciales como el agua y los alimentos. Esta crisis tiene el potencial de generar nuevos o mayores desplazamientos internos y flujos de personas en diferentes direcciones. Los haitianos desesperados por encontrar refugio se han echado al mar y un número cada vez mayor ha sido detenido y devuelto a Haití, a pesar del llamamiento de ACNUR no hacerlo, por las autoridades de Bahamas, Turcas y Caicos y Estados Unidos^.8

República Dominicana

El gobierno ha intensificado la expulsión forzosa de personas de ascendencia haitiana. Esto ha provocado altos niveles de separación familiar, riesgos de protección y violaciones de derechos básicos. Entre agosto y octubre de 2022, 60.204 personas fueron expulsadas forzosamente de la República Dominicana, con un total de 108.436 expulsiones en 2022 (el 40% de las personas expulsadas son mujeres, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados). Muchas de las personas afectadas nacieron en la RD y tenían el derecho constitucional a la nacionalidad dominicana. Muchos otros llegaron al país siendo niños y tienen mínimos recuerdos de Haití. Las operaciones de expulsión han llevado a las personas de ascendencia haitiana a esconderse para protegerse a sí mismas y a sus familias, lo que afecta a su capacidad para ganarse la vida, asistir a la escuela y buscar tratamiento médico. Como consecuencia, es probable que aumente la inseguridad alimentaria, la malnutrición y los problemas de salud materna e infantil. Según datos oficiales, al menos 567.126 personas corren riesgo de expulsión ^sumaria9, aunque en la práctica las cifras son mucho mayores, ya que las expulsiones son arbitrarias y sin el debido proceso.

Debido a estas políticas, se necesita ayuda humanitaria urgente para las personas afectadas, así como la aplicación del debido proceso por parte de la República Dominicana y el respeto de los derechos humanos. Se necesita una solución para la falta de documentación de los haitianos fuera de su país. Durante mucho tiempo, el Estado de Haití ha sido incapaz de documentar a su población (tanto dentro como fuera de Haití). La falta de documentos y documentación oficial haitiana sigue bloqueando el acceso de los haitianos a los programas de regularización existentes y/o esporádicos en toda la región y da lugar a graves y evidentes amenazas de protección. En 2022, apenas se avanzó en la aplicación de la llamada Ley de Naturalización de la RD de 2014, destinada a remediar la desnacionalización de más de 130.000 personas de ascendencia haitiana tras una sentencia del Tribunal Constitucional en 2013. Por el contrario, un estudio reciente, utilizando cifras oficiales, estima que unas 137.794 personas siguen sin solución para acceder a su derecho a la nacionalidad dominicana^.10

Venezuela

Las personas venezolanas siguen huyendo a distintos destinos de la región mientras la situación económica y política del país sigue siendo crítica. Además, los riesgos naturales (inundaciones y deslizamientos de tierra), la ola de violencia generada por los grupos criminales en la frontera entre Venezuela y Colombia, el conflicto armado colombiano y los problemas de seguridad medioambiental en el Arco Minero del Orinoco explican los factores de empuje detrás del continuo éxodo del país. Las personas  venezolanas que se desplazan son vulnerables al desempleo, la discriminación, la inseguridad alimentaria y la falta de servicios básicos, y se enfrentan a distintos riesgos como ser víctimas de extorsión, asesinato, trata de personas y abusos sexuales, especialmente mujeres y niños. Se prevé que para finales de 2023 habrá 6,83 millones de personas refugiadas y migrantes en la región, lo que convierte a los venezolanos en una de las mayores poblaciones desplazadas del mundo^.11

Nicaragua

Las personas nicaragüenses siguen huyendo a Centroamérica y más ^allá12 mientras la situación de los derechos humanos en el país continúa empeorando. En 2022 se registraron cifras récord de solicitudes de asilo de nicaragüenses en Costa Rica, México y Estados Unidos. Sin embargo, se está prestando poca atención a esta situación. ACNUR y los donantes deben redoblar sus esfuerzos para hacer más visible la situación de las personas refugiadas y solicitantes de asilo nicaragüenses. Las ONG también están preocupadas por la posibilidad de que aumente el número de personas que podrían estar en riesgo de apatridia en Nicaragua si continúan las acciones de desnacionalización por parte del Estado.

El Salvador, Guatemala y Honduras

Los países centroamericanos se enfrentan actualmente a un aumento de los flujos mixtos en medio de una crisis humanitaria multifacética que afecta a más de nueve millones de personas en Honduras, El Salvador y Guatemala, al tiempo que son países de tránsito para un creciente número de personas que cruzan el Tapón del Darién y se dirigen a Estados Unidos. Los efectos acumulados de las condiciones climáticas alcanzaron un punto de inflexión el año pasado, agravando las necesidades humanitarias de millones de personas, especialmente en lo que respecta a la seguridad alimentaria. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo procedentes de estos países alcanzaron la cifra de 636.000 en Centroamérica y México, y los desplazamientos internos siguen siendo alarmantes, sobre todo por la falta de medidas robustas para atender las necesidades de la población.

Frontera entre Estados Unidos y México

El año pasado se llevaron a cabo en Estados Unidos la cifra récord de 2,5 millones de expulsiones en virtud del "Título 42", lo que restringió drásticamente las vías legales de migración para quienes buscaban protección. A pesar de varios esfuerzos legales, el "Título 42" sigue vigente por orden judicial mientras la administración Biden continúa ampliando el uso de esta política a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México con la cooperación del Gobierno de México^. 13 Aunque la administración introdujo varios programas de libertad condicional humanitaria para permitir a las personas venezolanas, haitianas, cubanas y nicaragüenses solicitar permiso para permanecer temporalmente en Estados Unidos si cuentan con un patrocinador financiero privado y cumplen otros requisitos, a quienes carecen de las conexiones y los recursos para acceder a estos programas no les queda otra opción que intentar cruzar la frontera de forma irregular. Recientemente, el gobierno de Biden ha publicado una propuesta de política que, de promulgarse, impediría a las personas recibir asilo si cruzan la frontera de forma irregular o transitan por un tercer país sin solicitar protección allí primero, lo que limitaría aún más el acceso a la protección en EE.UU. En la política propuesta se incluyen exenciones destinadas a calmar las preocupaciones humanitarias, pero la mayoría ofrecen garantías inadecuadas a los más vulnerables en la frontera entre Estados Unidos y México. Los más vulnerables y los más pobres quedan efectivamente excluidos. Instamos a ACNUR a redoblar sus esfuerzos para acompañar, proteger y apoyar económicamente el trabajo de las y los defensores de las personas refugiadas y migrantes, las y los defensores de los derechos humanos y los prestadores de servicios tanto en las zonas fronterizas del norte y del sur de México como en el interior.

III. Recomendaciones y llamados a la acción

En concreto, pedimos a ACNUR, gobiernos y donantes que:

1. Desarrollar estrategias para abordar la movilidad humana en la región que tengan en cuenta todas las nacionalidades y las causas de la movilidad humana. Los flujos de movilidad actuales están compuestos por muchas nacionalidades, y las estrategias, los programas y la financiación deben diseñarse adecuadamente.
2. Desarrollar enfoques alternativos y soluciones temporales para responder al grave problema de la falta de acceso a los documentos oficiales y a la documentación a la que se enfrentan las personas haitianas y venezolanas dentro y fuera de sus países.
3. Coordinar con la sociedad civil, las distintas plataformas de personas refugiadas, personas en movimiento y apátridas, y los actores regionales y estatales pertinentes, para promover políticas eficaces de protección e integración.
4. Facilitar el desarrollo de políticas migratorias y de asilo coordinadas en toda la región, para minimizar los efectos dominó que los cambios en la política de un país pueden tener sobre las personas que viajan en busca de seguridad. También es fundamental promover un enfoque basado en los derechos humanos para la gestión de las fronteras.
5. Trabajar con otras agencias para armonizar y racionalizar los diversos mecanismos de coordinación humanitaria que existen para los asuntos humanitarios en toda la región, reduciendo la duplicación y la sobrecarga que existe para muchos actores humanitarios que participan en la coordinación humanitaria en toda América Latina y el Caribe.
6. Redoblar los esfuerzos para mantener la visibilidad de la crisis de desplazamiento en la región y garantizar una financiación internacional oportuna y adecuada para responder, en particular la integración de los mecanismos de financiación humanitaria en los programas de desarrollo. Dicha financiación debería llegar a las organizaciones de la sociedad civil y reducir el evidente efecto de acaparamiento y burocratización del acceso a los recursos.
7. Renovar los esfuerzos para coordinar eficazmente el liderazgo humanitario en medio del aumento de los flujos mixtos, especialmente a través de los mecanismos existentes, y en cooperación con los gobiernos y las ONG.
8. Proporcionar un plan de acción claro para las Declaraciones de Los Ángeles y Buenos Aires y garantizar que los actores humanitarios puedan contribuir eficazmente a ellas.
9. Desarrollar políticas, planes y mecanismos de financiación para fortalecer, bajo un enfoque de responsabilidad compartida, la respuesta regional a las causas climáticas del desplazamiento forzado.
10. Fomentar iniciativas sostenidas de cohesión social mediante el reconocimiento de las contribuciones positivas de las personas refugiadas y las personas que se desplazan a sus comunidades de acogida.
11. Implicar a las asociaciones de personas refugiadas, migrantes y apátridas y a las comunidades de acogida para hacer frente al estigma, el racismo y la discriminación persistentes contra las personas refugiadas, las personas en movimiento y las apátridas en toda la región.

La tradición histórica de la región en materia de asilo demuestra que los gobiernos pueden aportar ideas novedosas, trabajar juntos y alcanzar acuerdos ambiciosos para proteger vidas cuando están motivados por valores e intereses compartidos. Como ONG, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar con ACNUR, gobiernos y donantes para que, juntos, estemos al lado de las personas desplazadas y apátridas.

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Notas:

1 ACNUR Tendencias interanuales 2022: https://www.ACNUR.org/en-us/statistics/unhcrstats/635a578f4/mid-year-trends-2022.html

2 OIM, Proyecto Migrantes Desaparecidos, Américas: https://missingmigrants.iom.int/region/americas

3 La CEPAL prevé una desaceleración generalizada en América Latina y el Caribe, con un crecimiento del 1,4% en 2023, sujeto a importantes restricciones tanto a nivel interno como internacional. Adicionalmente, los niveles de pobreza y pobreza extrema proyectados por la CEPAL para 2022 representan un retroceso de 25 años, afectando a más de 200 millones de personas (32,1% de la población total de la región).

4 Varias organizaciones, entre ellas la ONU, publicaron informes que documentan la situación de la violencia de género en toda la región. Véase, por ejemplo, un estudio de ACNUR y HIAS realizado en siete países con más de 1.000 mujeres refugiadas y migrantes: https://segurasenmovilidad.org/.

5 Según las autoridades panameñas principalmente de Venezuela (150.327 personas), Ecuador (29.356) y Haití (22.431), entre otras nacionalidades: https://www.migracion.gob.pa/images/img2022/PDF/IRREGULARES_POR_DARIEN_DICIEMBRE_2022.pdf

6 Un gran salto en comparación con 2021, cuando 158.000 cruzaron la frontera.

7 En 2022, más de 1.400 personas fueron asesinadas y más de mil secuestradas.

8 ACNUR calls on States to refrain from forced returns of Haitians, Comunicado de prensa, 3 de noviembre de 2022: https: //www.ACNUR.org/en-us/news/press/2022/11/6363acd64/ACNUR -calls-states-refrain-forced-returns-haitians .html; Migrant Returns and Reception Assistance in Haiti | Air and Sea | November 2022, Infographic, OIM: https://reliefweb.int/report/haiti/migrant-returns-and-reception-assistance-haiti-air-and-sea-november-2022.

9 Datos de la Dirección General de Migración de la República Dominicana, basados en el número de personas que, según las estimaciones, en 2017 no tenían documento nacional de identidad dominicano ni tarjeta de regularización.

10 Participación Ciudadana, "Informe Preliminar de la Investigación sobre la Implementación de la Ley No. 169-14", octubre de 2022: https://pciudadana.org/wp-content/uploads/2022/10/Informe-Ley-169-14-2.pdf.

11 ACNUR, Buscador de datos sobre refugiados, https://www.ACNUR.org/refugee-statistics/

12 Hay unos 267.000 refugiados y solicitantes de asilo procedentes de Nicaragua en Centroamérica y México, según estimaciones de ACNUR .

13 El 5 de enero de 2023, la administración Biden anunció una serie de cambios políticos que incluían la ampliación del "Título 42" a los nacionales de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.