El Pacto de la UE sobre migración y asilo, explicado

Esta semana, el "Nuevo Pacto de la UE sobre Migración y Asilo" se enfrenta a una última votación en comisión en el Parlamento Europeo antes de una votación final en pleno en abril. El"Pacto", que lleva años gestándose, responde a una década de crisis recurrentes en las fronteras europeas.

Las nuevas leyes pretenden superar el estancamiento político de la política migratoria de la Unión Europea limitando la entrada de inmigrantes en la UE, acelerando los procedimientos de asilo, facilitando los retornos y repartiendo mejor las responsabilidades de asilo entre los Estados. El Pacto refleja la creciente voluntad política de disuadir las llegadas "irregulares", especialmente las que carecen de una solicitud legítima de asilo.

Sin embargo, esta premisa -que muchas de las personas que llegan a Europa no corren peligro y se aprovechan del sistema- queda refutada por las estadísticas oficiales que muestran que la mayoría de los solicitantes de asilo huyen de la persecución y la violencia. En 2024, habrá más desplazados forzosos en el mundo que nunca. Dada la escasez de vías seguras, la mayoría de los solicitantes de asilo no tienen más remedio que llegar espontáneamente a las fronteras europeas, que es su derecho según el Derecho internacional.

Las probables consecuencias del acuerdo incluyen la expansión de las detenciones perjudiciales en toda Europa, una mayor presión sobre los Estados fronterizos y un uso más frecuente de medidas de emergencia que atentan contra los derechos humanos.

¿Qué cambios introduce el Pacto?

Según las nuevas normas, las personas que lleguen a las fronteras de la UE serán controladas y detenidas en la frontera para determinar si suponen un riesgo para la seguridad o son especialmente vulnerables, y determinadas categorías de solicitantes de asilo serán dirigidas a procedimientos de asilo acelerados. Se autoriza a los Estados a apartarse de las normas legales de la UE en las llamadas situaciones de crisis, y un nuevo "mecanismo de solidaridad" pretende repartir las responsabilidades de asilo entre los Estados. El Pacto también actualiza las normas sobre las condiciones de vida de los solicitantes de asilo, aumenta las posibilidades de utilizar sus datos y establece normas comunes para los procedimientos de reasentamiento.

¿Qué riesgos plantean las nuevas leyes?

1. Violaciones de derechos durante los procedimientos acelerados de asilo

Con el Pacto, muchos más solicitantes de asilo se verán sometidos a procedimientos acelerados de asilo y devolución (deportación). Se generalizarán los procedimientos acelerados y deficientes en la frontera, y las personas se enfrentarán a plazos breves para las entrevistas, acceso limitado o nulo a asesoramiento jurídico, evaluaciones inadecuadas de su vulnerabilidad y obstáculos para recurrir las decisiones tomadas en sus casos.

Quienes viajaron por los llamados "países seguros" antes de llegar a Europa -como Túnez, Egipto o Turquía- pueden ver desestimada su solicitud sin que se evalúe la persecución individual a la que se enfrentan. Corren el riesgo de ser devueltos a esos países, donde pueden sufrir abusos contra los derechos humanos o ser deportados a sus propios países, donde pueden sufrir daños o la muerte.

2. Un aumento masivo de la detención de solicitantes de asilo en toda Europa

Las nuevas leyes exigen una "selección"y tramitación a gran escala de los solicitantes de asilo en instalaciones situadas en las fronteras. Diversas categorías de solicitantes de asilo serán retenidos en instalaciones cerradas en las fronteras durante un máximo de 12 semanas mientras se evalúa su solicitud. Durante este tiempo, se considerará legalmente que los solicitantes de asilo no están en suelo de la UE -a pesar de estar físicamente presentes-, lo que aumenta el riesgo de que se les deniegue el acceso a derechos y servicios. Si se rechaza su solicitud, pueden permanecer detenidos otras 12 semanas. En realidad, es probable que permanezcan detenidas mucho más tiempo, ya que los países de origen a menudo no quieren o no pueden acoger a sus nacionales, lo que impide una rápida deportación. La detención prolongada, con acceso limitado a asistencia jurídica, contraviene la legislación europea e internacional.

3. Los Estados fronterizos siguen siendo desproporcionadamente responsables de los solicitantes de asilo

En la actualidad, el Estado de la UE en el que un solicitante de asilo pone el primer pie es, en la mayoría de los casos, el responsable de acogerlo y evaluar su solicitud. Esto ha supuesto una carga desproporcionada para los Estados en las fronteras, incentivándoles a realizar devoluciones ilegales e ignorar las embarcaciones en apuros. Estas normas de responsabilidad, que han generado condiciones humanitarias terribles en las fronteras, se mantienen en el Pacto. Sin embargo, los nuevos controles y detenciones en las fronteras aumentarán aún más la presión sobre los Estados fronterizos. Para compensar este desequilibrio se introduce un "mecanismo de solidaridad". Los Estados que no se enfrentan a la presión migratoria pueden optar por aportar fondos -a los Estados fronterizos o a países de fuera de la UE- o reubicar y acoger a los solicitantes de asilo. Como las reubicaciones son políticamente impopulares, es poco probable que el nuevo mecanismo conduzca a una distribución más justa de los solicitantes de asilo en la UE. Además, aunque los "fondos de solidaridad" pueden utilizarse para mejorar las condiciones de vida, también pueden emplearse para construir centros de detención de tipo carcelario en las fronteras o para financiar el control migratorio fuera de la UE.

4. Violaciones de derechos debidas a medidas de emergencia para crisis

En momentos de gran número de llegadas, los Estados podrán retrasar el registro de los solicitantes de asilo, canalizarlos a través de procedimientos acelerados y deficientes, y detenerlos durante periodos más largos. Las medidas de emergencia, que reducen las salvaguardias de los derechos humanos, también pueden utilizarse cuando los Estados alegan que se está produciendo una "instrumentalización". La instrumentalización describe en términos generales cualquier situación en la que las personas que buscan protección son manipuladas por "actores hostiles": esta vaga definición deja el concepto abierto a interpretaciones políticas que socavan el derecho a solicitar asilo.

¿Hay elementos positivos en el Pacto?

Algunos. Aunque la mayoría de los cambios introducidos por el Pacto erosionan los derechos de los solicitantes de asilo, algunos aspectos podrían ofrecer oportunidades para proteger a los refugiados. Se introducirán nuevos mecanismos de control de los derechos durante la tramitación en la frontera. Dado que estos mecanismos carecen de las salvaguardias legales necesarias, sólo podrán poner remedio a los abusos de derechos si los Estados garantizan que son suficientemente independientes, están bien dotados de recursos y tienen un amplio alcance. Si los Estados dan prioridad a los reasentamientos cuando ofrecen "contribuciones de solidaridad", la responsabilidad sobre los solicitantes de asilo podría repartirse de forma más justa. Por último, un nuevo marco de reasentamiento podría abrir más rutas seguras hacia Europa, si hace que los Estados aumenten sus compromisos de reasentamiento.

¿Qué se puede hacer ahora?

En todo el mundo hay más de 110 millones de desplazados forzosos. Sin vías seguras para solicitar asilo ni una actuación concertada para hacer frente a las crisis, la violencia y la persecución que sufren en sus países de origen, seguirán llegando personas en busca de seguridad a las fronteras de la UE. Europa puede gestionar estas llegadas de forma eficaz y humana garantizando que los sistemas nacionales de asilo cuenten con los recursos adecuados, estén preparados para hacer frente a las emergencias y se vean reforzados por la solidaridad europea.

Pedimos a los Estados miembros de la UE que

• Defender el derecho a acceder a un procedimiento de asilo y el derecho a no ser devuelto a sufrir daños.
• Garantizar una evaluación justa e individual de las solicitudes de asilo.
• Detener sólo como último recurso y garantizar condiciones de vida humanas a los solicitantes de asilo.
• Evitar el uso de medidas de emergencia que pongan en riesgo los derechos y, en su lugar, utilizar el reconocimiento expeditivo o la protección temporal para responder a los grandes grupos que buscan protección.
• Invertir en sistemas de asilo, especialmente en infraestructuras de preparación y planes de contingencia.
• Prevenir y sancionar las violaciones de los derechos de las personas que se desplazan.

La acogida efectiva por parte del bloque de unos cinco millones de ucranianos en 2022 demuestra que un enfoque de la migración basado en los derechos puede ser mutuamente beneficioso tanto para los Estados como para las personas. Con la entrada en vigor del Pacto, los países europeos siguen obligados por las normas de derechos humanos establecidas en la legislación internacional y europea. Ahora deben dar muestras de liderazgo aplicando las nuevas leyes de forma que garanticen la seguridad y la dignidad de los solicitantes de asilo.