Declaración sobre el fin del cierre del Gobierno

SILVER SPRING, Maryland - Hoy temprano, el presidente Trump anunció un acuerdo que reabrirá el gobierno federal hasta el 15 de febrero en un acuerdo que no incluye ningún financiamiento para un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El Presidente ha dejado claro que está dispuesto a cerrar el gobierno en el futuro, o declarar una emergencia nacional, con el fin de financiar el muro fronterizo.

La semana pasada, la administración ofreció una propuesta para reabrir el gobierno para financiar un muro innecesario a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México, mientras que también socava fundamentalmente el acceso al sistema de asilo de EE.UU. para adultos y niños de América Central. HIAS espera que en las próximas semanas, el Congreso presente al Presidente una propuesta de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que no incluya disposiciones que violen nuestras leyes de asilo o nuestros principios como nación de inmigrantes, sino que se centre en soluciones reales a problemas reales.

En respuesta al anuncio del presidente Trump, Melanie Nezer, vicepresidenta sénior de Asuntos Públicos de HIAS, dijo: "Si bien estamos contentos de que el gobierno haya reabierto, el presidente cerrando el gobierno por un muro fronterizo mal concebido y amenazando con declarar emergencias nacionales para financiarlo crea problemas en lugar de resolverlos. No necesitamos un muro, necesitamos abogados, jueces y otras inversiones en un sistema de asilo justo y humano que cumpla con la legislación estadounidense e internacional."

Además de las propuestas de la administración de restringir el acceso al asilo en Estados Unidos a cambio de reabrir el gobierno, la administración Trump también anunció que el DHS comenzará a implementar su política de "Permanecer en México" para los solicitantes de asilo en el puesto de control fronterizo de San Ysidro, California. Bajo esta política, los centroamericanos que soliciten asilo en la frontera entre Estados Unidos y México se verán obligados a esperar en México a la espera de su audiencia ante un juez de inmigración de Estados Unidos, dejándolos en situaciones en las que su seguridad está en riesgo.

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