Las últimas decisiones del Tribunal Supremo menoscaban los derechos de los inmigrantes

En la próxima semana, la Corte Suprema dará a conocer una decisión sobre Biden v. Texas, el caso que determinará el destino del programa "PermanecerenMéxico" - formalmente llamado los Protocolos de Protección de Migrantes - que obliga a algunos solicitantes de asilo que llegan a la frontera entre EE.UU. y México a esperar sus procedimientos de inmigración de EE.UU. en México. HIAS compartió historias de clientes afectados por el programa "Permanecer en México" y se unió a 61 organizaciones para contribuir a un informe amicus curiae en apoyo de la finalización del programa.

En junio de 2021, la Administración Biden intentó poner fin a este programa, en virtud del cual las personas en espera de audiencias de asilo deben esperar en México, a menudo en zonas peligrosas donde suelen ser objeto de violencia y no pueden acceder a representación legal. Sin embargo, la administración reanudó una versión modificada del programa en diciembre de 2021 en respuesta a una orden de un tribunal federal.

Sin embargo, mientras los defensores de los refugiados esperan ansiosos el resultado del caso Biden contra Texas, una serie de decisiones recientes del Tribunal Supremo tienen consecuencias perjudiciales para los inmigrantes, incluidos los que solicitan asilo en Estados Unidos. 

En dos decisiones clave, Johnson v. Arteaga-Martínez y Garland v. Alemán González, el Tribunal Supremo dictaminó que los no ciudadanos no tienen derecho a una audiencia de fianza oportuna cuando son detenidos mientras solicitan un alivio de las órdenes de deportación.

En el caso Johnson contra Arteaga-Martínez, el tribunal dictaminó que Antonio Arteaga-Martínez, ciudadano mexicano detenido por volver a entrar en Estados Unidos tras haber sido expulsado por orden de un juez de inmigración, no tenía derecho a una vista de fianza después de 6 meses, como había dictaminado un tribunal inferior. 

La opinión del tribunal señala que Arteaga-Martínez había expresado su temor a ser perseguido si regresaba a México, ya que dijo que volvió a entrar en los EE.UU. en 2012 después de haber sido "golpeado violentamente por miembros de una banda callejera criminal." A continuación, fue detenido mientras los tribunales decidían si su demanda impedía o no su devolución a México, un proceso que puede llevar meses o años.

"Esta decisión demuestra hasta qué punto el Tribunal Supremo no está en contacto con la realidad delhistorial de abusos, negligencia y muertes en los centros de detención del ICE ,documentado desde hace mucho tiempo ", dijo Shayan Davoudi, abogado de HIAS. "El tribunal consideró este caso de manera muy limitada; al hacerlo, perdió la oportunidad de abordar la constitucionalidad de la detención prolongada de no ciudadanos, lo que en efecto abrió la puerta para que el ICE detenga indefinidamente a ciertos inmigrantes."

Del mismo modo, en Garland contra Alemán González, el Tribunal Supremo dictaminó que los inmigrantes no pueden solicitar mandamientos judiciales para detener la detención prolongada o impugnar las prácticas de deportación como una acción colectiva, porque la ley federal de inmigración prohíbe los mandamientos judiciales emitidos para proteger a toda una clase. Los precedentes sentados por estos dos casos erosionan los derechos de quienes pretenden entrar en Estados Unidos al permitir que el ICE los detenga sin audiencia durante un tiempo prolongado.

"Estos inmigrantes han venido a Estados Unidos buscando seguridad frente a la persecución, oportunidades y una vida mejor para sus familias", ha declarado Smita Dazzo, directora principal de asuntos legales y asilo de HIAS. "En lugar de ello, se enfrentan a violaciones de su derecho al debido proceso en el sistema judicial estadounidense".

El tribunal también sentó un precedente que hace casi imposible demandar a agentes fronterizos por violaciones constitucionales con su sentencia en el caso Egbert contra Boule. Robert Boule, propietario de un hostal cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, demandó a Erik Egbert, agente de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, por violar sus derechos constitucionales después de que Egbert entrara en su propiedad sin orden judicial para investigar a un huésped.

Cuando Boule pidió a Egbert que se marchara, el agente le tiró al suelo, hiriéndole. Boule denunció las acciones de Egbert a sus superiores, y el agente supuestamente tomó represalias denunciando los negocios de Boule al IRS y a otras agencias. El tribunal falló en contra de Boule, sosteniendo que los particulares no pueden demandar a agentes federales individuales por reclamaciones de la Cuarta Enmienda por uso excesivo de la fuerza ni por reclamaciones de la Primera Enmienda por represalias.

Por último, en el caso Patel contra Garland, el Tribunal Supremo sostuvo que los tribunales federales no tienen jurisdicción para revisar las conclusiones de hecho realizadas durante los procedimientos de inmigración relacionados con la concesión de medidas discrecionales para evitar la expulsión de EE.UU., una categoría que incluye las audiencias de asilo. Eso significa que aunque el juez de inmigración o la Junta de Apelaciones de Inmigración cometan un error manifiesto al denegar la solicitud de residencia permanente de alguien, los tribunales federales no pueden remediarlo.

En este caso, Pankajkumar Patel solicitó un ajuste discrecional de su estatus y el de su esposa, que le permitiría obtener la residencia permanente. Un juez de inmigración dictaminó que no cumplía los requisitos porque, cuando solicitó su permiso de conducir de Georgia, marcó una casilla que indicaba que era ciudadano estadounidense. En su recurso, Patel alegó que se trataba de un error y no de una declaración falsa deliberada.

En su disidencia, el juez Neil Gorsuch -al que se unieron los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan- escribió: "Hoy, el Tribunal sostiene que la burocracia federal puede cometer un error de hecho obvio, uno que resultará en la expulsión de un individuo de este país, y no se puede hacer nada al respecto."

Todas estas decisiones llegan tras el caso Arizona contra CDC, en el que un juez federal de Luisiana dictó una orden judicial contra los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades poniendo fin al Título 42, una orden de salud pública de la época de la Segunda Guerra Mundial que ha impedido durante más de dos años que las personas soliciten asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, supuestamente para evitar la propagación del COVID-19. HIAS también contribuyó a un informe amicus cur iae en este caso en apoyo de poner fin a esta política. El debate sobre el fin de la orden del Título 42 continúa en los tribunales y en el Congreso.

"Estos fallos judiciales son parte de una tendencia preocupante de decisiones legales y acciones legislativas que aumentan las probabilidades en contra de las personas que buscan seguridad en los EE. UU., mientras que no hacen nada para que el asilo y otros procesos de inmigración sean más eficientes, ordenados o seguros", dijo Naomi Steinberg, vicepresidenta de política y defensa de EE. UU. de HIAS. "Simplemente hacen que conseguir un tiro justo sea más difícil".