El Tribunal de Kenia reivindica los derechos y la dignidad de los refugiados urbanos

En diciembre de 2012, el gobierno keniano anunció una nueva política preocupante: pretendía enviar a los más de 100.000 refugiados que vivían en Nairobi y otras ciudades a campos de refugiados. Por aquel entonces, las grandes ciudades de Kenia se habían visto afectadas por una oleada de atentados con autobuses bomba vinculados a Al Shaabab, un grupo terrorista con base en la vecina Somalia. El gobierno esperaba que enviando a los refugiados -muchos de ellos somalíes- a campos, la amenaza terrorista desaparecería. Pero, ¿a qué precio para los propios refugiados?

Ante el anuncio del plan de enviar a todos los refugiados a los campos de Kakuma y Dadaab -el mayor complejo de refugiados del mundo, con unos 400.000 residentes-, los refugiados de las ciudades kenianas sufrieron. HIAS y otras ONG de Nairobi documentaron varias detenciones policiales, en su mayoría por cargos falsos de terrorismo o tráfico de personas, así como casos de extorsión. Mientras tanto, a muchos refugiados les preocupaba cómo podrían ganarse la vida, encontrar tratamiento para sus dolencias o educar a sus hijos si eran enviados a un campamento tras años viviendo en la ciudad.

A principios de enero, cuando el gobierno parecía dispuesto a aplicar el plan, una ONG keniana de derechos humanos, Kituo cha Sheria, presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Kenia, impugnando la legalidad de la política en virtud del derecho nacional e internacional. La Agencia de la ONU para los Refugiados y otros demandantes se sumaron a la demanda. El tribunal dictó inmediatamente una medida cautelar, impidiendo la aplicación de la política hasta que se emitiera una decisión sobre el fondo del caso.

El 26 de julio, el Tribunal Superior hizo pública su decisión: una rotunda reivindicación de los derechos de los refugiados urbanos de todo el mundo. El juez Majanja, al anular la directiva del gobierno, consideró que amenazaba los derechos y libertades fundamentales de los refugiados, menoscababa su dignidad humana y era contraria a la obligación constitucional del gobierno de proteger a las personas vulnerables. Señalando que aunque "la seguridad nacional es importante y no debe verse comprometida", el juez Mananja sostuvo que no había "nada que justificara el uso de operaciones de seguridad para violar los derechos de los refugiados urbanos". En términos más generales, el juez Majanja consideró que "no hay pruebas que demuestren que la mejor manera de proteger y promover el bienestar de los refugiados sea mediante una política general de reubicación y acampada."

Acogemos con satisfacción la valiente decisión del juez Majanja. Permite a ACNUR, HIAS y otras valiosas ONG asociadas seguir apoyando los esfuerzos del gobierno keniano para proporcionar refugio y protección a los refugiados en Nairobi y otras ciudades del país. Y lo que es más importante, su decisión es un toque de clarín para apoyar la libertad y la dignidad de los refugiados urbanos, y garantiza que los refugiados puedan seguir contribuyendo al enorme desarrollo económico, social y cultural de las zonas urbanas de Kenia. Como cada vez más refugiados se encuentran en entornos urbanos, sólo podemos desear que otros gobiernos y tribunales atiendan este llamamiento.