7 de febrero de 2025

Los derechos de los refugiados y la Administración Trump: Tercera semana

Por el personal de HIAS

Desde su toma de posesión, el presidente Trump ha emitido cientos de órdenes ejecutivas, memorandos y proclamaciones, muchos de los cuales están directamente relacionados con la inmigración, el asilo y el reasentamiento de refugiados. Estas medidas, junto con otras órdenes ejecutivas y la legislación que se espera en las próximas semanas y meses, están a punto de remodelar la política de Estados Unidos de manera significativa.

En respuesta, HIAS ha lanzado una nueva serie que resume los acontecimientos importantes y explica lo que significan. Estos posts de recapitulación, junto con artículos relevantes, declaraciones y recursos, se pueden encontrar en una nueva página que hemos construido para seguir el efecto de la nueva administración sobre las personas desplazadas.

Esta semana, repasamos cómo las medidas adoptadas durante la tercera semana de Trump en el cargo afectan a los refugiados y otras personas desplazadas. 


El desmantelamiento de USAID

Lo que ocurrió: Tras la orden de paralización sobre los programas de ayuda exterior emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 24 de enero, una decisión que ha tenido un impacto devastador en todo el mundo, la administración Trump se ha movido para rápidamente desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El secretario de Estado Marco Rubio fue nombrado como administrador interino de USAID, ya que la organización se fusionó con el Departamento de Estado. El 7 de febrero, la administración Trump puso a la mayoría de la plantilla de USAID en excedencia y retiró a miles de empleados que trabajaban en el extranjero. También sugirió el cierre total del programa.

Qué significa: Desde hace varias décadas, USAID ha apoyado numerosos esfuerzos para hacer frente a la migración irregular y el desplazamiento forzado, incluso en América Latina y el Caribe. La drástica reestructuración de la agencia repercutirá en la vida de los refugiados en el extranjero y socavará nuestra seguridad nacional. Además de agravar la crisis humanitaria, el desmantelamiento de USAID probablemente aumentará la migración irregular a Estados Unidos, que el presidente Trump ha prometido detener.

Fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos

Lo que ocurrió: El 1 de febrero, la administración Trump terminated Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 350.000 venezolanos que tienen estatus legal para vivir y trabajar en Estados Unidos. La terminación del TPS para estas personas las pondrá en riesgo inminente de deportación después de abril de 2025.

Lo que significa: Muchos venezolanos en Estados Unidos, arriesgarán su vida si regresan a su país de origen. La notificación afirmaba, sin pruebas, que los titulares de TPS venezolanos han causado "dificultades asociadas en las comunidades locales", incluyen a miembros de la banda Tren de Aragua y son una carga económica para Estados Unidos.

Demanda contra las restricciones al asilo

Lo que ocurrió: El 3 de febrero,grupos de defensa de los inmigrantes presentaron una demanda para desafiar las restricciones de la administración Trump contra el derecho a solicitar asilo bajo el pretexto de que la migración en la frontera sur es una "invasión." Las personas que huyen de la persecución ya no pueden solicitar asilo para permanecer a salvo en Estados Unidos.

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Qué significa: El derecho a solicitar asilo está garantizado en la legislación estadounidense e internacional. Como explica detalladamente la demanda, Estados Unidos no puede derogar o denegar este derecho legal a los solicitantes de asilo basándose en alegaciones espurias de una "invasión". Facultar al presidente con esta autoridad tan amplia y arrolladora es peligroso y no tiene precedentes.

Los jueces prohíben la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento

Lo que ocurrió: El 5 de febrero, un juez federal de Maryland emitió una orden judicial a escala nacional que prohíbe a la administración Trump denegar la ciudadanía a los niños nacidos de padres sin estatus permanente o ciudadanía en Estados Unidos. Al día siguiente, un segundo juez federal en Washington emitió otra medida cautelar a escala nacional contra la administración Trump. El juez federal declaró que "se ha vuelto cada vez más evidente que para nuestro presidente, el estado de derecho no es más que un impedimento para sus objetivos políticos".

Qué significa: La cláusula de ciudadanía del 14ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos establece que todos los niños nacidos en Estados Unidos y "sujetos a su jurisdicción" son ciudadanos estadounidenses, independientemente de la situación migratoria de sus padres. El Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmó en el derecho a la ciudadanía por nacimiento hace más de 125 años.

El Fiscal General de Texas delega en las fuerzas del orden estatales la lucha contra los migrantes

Lo que ocurrió: El 2 de febrero, el Fiscal General de Texas Ken Paxton firmó un acuerdo para facultar a las fuerzas del orden estatales a investigar, detener y encarcelar a inmigrantes en virtud de la artículo 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). La sección 287(g) permite colaborar con el gobierno federal para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

Otorgar al presidente una autoridad tan amplia y arrolladora es peligroso y no tiene precedentes.  

Qué significa: Este acuerdo plantea serias dudas sobre la separación de poderes entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. La Cláusula de Supremacía y la Cláusula de Comercio Exterior de la Constitución de EE.UU. delegan la aplicación de la ley de inmigración y la gestión de las fronteras internacionales exclusivamente en el gobierno federal.

Estos acuerdos pueden socavar seguridad pública plantean varias preocupaciones como la posibilidad de que se establezcan perfiles raciales, se violen las garantías procesales, se separe a las familias y se perjudique a las economías locales.

Diez no ciudadanos detenidos en Guantánamo

Los hechos: El 4 de febrero, el Departamento de Defensa (DOD) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) transportaron a 10 personas a un centro de detención en la Bahía de Guantánamo en Cuba, marcando el comienzo de un plan de la administración Trump para detener hasta 30.000 migrantes en Guantánamo. EL DHS anunció que los 10 individuos eran todos miembros del Tren de Aragua.

Qué significa: La detención de personas aprehendidas en los Estados Unidos en las instalaciones estadounidenses de la Bahía de Guantánamo no tiene sin precedentes. Históricamente, Estados Unidos ha utilizado Guantánamo para recluir a combatientes enemigos aprehendidos en guerra o a individuos interceptados en el mar. La administración Trump no ha revelado información sobre si estos migrantes serán sometidos a procedimientos judiciales o qué autoridad legal tiene para detener a personas en el extranjero.

La Administración Trump se querella por la designación de "santuario"

Lo que ocurrió: El 6 de febrero, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra Illinois y Chicago por las leyes "santuario" que protegen a los indocumentados en sus comunidades. Estas leyes leyes prohíben a los funcionarios estatales y locales compartir información con las fuerzas de seguridad federales sobre los inmigrantes.

Qué significa: La demanda del DOJ refleja la administración Trump hostilidad hacia las jurisdicciones "santuario". Las leyes santuario son legales y constitucionales y constitucional de la autoridad estatal y proteger la seguridad pública y promover el económica.

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