Desde su toma de posesión, el presidente Trump ha emitido cientos de órdenes ejecutivas, memorandos y proclamaciones, muchos de los cuales están directamente relacionados con la inmigración, el asilo y el reasentamiento de refugiados. Estas medidas, junto con otras órdenes ejecutivas y la legislación que se espera en las próximas semanas y meses, están a punto de remodelar la política de inmigración de Estados Unidos de manera significativa durante muchos años.
En respuesta, HIAS ha lanzado una serie que resume los acontecimientos importantes y explica lo que significan. Estos posts de recapitulación, junto con artículos, declaraciones y recursos relevantes, se pueden encontrar en una página que hemos construido para seguir el efecto de la nueva administración sobre las personas desplazadas.
Esta semana, repasamos cómo afectan las medidas adoptadas recientemente por la administración Trump a los refugiados y otras personas desplazadas.
La Ley de Enemigos Extranjeros llega al Tribunal Supremo
Lo que ocurrió: El 1 de abril, la administración Trump pidió al Tribunal Supremo de Estados Unidos que pausara una orden de un tribunal inferior que bloqueaba temporalmente la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Se espera que el tribunal aborde esta petición en los próximos días. Si falla a favor de Trump, el gobierno estadounidense podría reanudar inmediatamente las deportaciones de presuntos miembros de la banda Tren de Aragua desde Venezuela con una autoridad casi sin control y sin el debido proceso.
Lo que significa: La invocación por parte de la administración Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada para eludir las leyes de inmigración y deportar rápidamente a presuntos miembros del Tren de Aragua, plantea serias dudas sobre su legalidad. La ley requiere que Estados Unidos esté en guerra e invadido por un país extranjero -no una organización criminal- para ser aplicable, y Estados Unidos y Venezuela no están actualmente en guerra. Si el Tribunal Supremo de EE.UU. accede a la petición de la administración, socavaría gravemente los principios jurídicos fundamentales del debido proceso y la revisión judicial, allanando el camino para más deportaciones de no ciudadanos por razones espurias - como simplemente tener un tatuaje sospechoso.
La Administración Trump pone fin al estatus de libertad condicional para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV)
Lo que ocurrió: La administración Trump anunció el 25 de marzo que terminaría el estatus de parole de aproximadamente 532.000 personas que entraron a través de un programa humanitario para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV). Las personas perderán su libertad condicional humanitaria legal si no han salido de EE.UU. antes del 25 de abril. El Departamento de Seguridad Nacional estudiará las exenciones caso por caso.
Qué significa: En 2023, la administración Biden instituyó el programa CHNV para "proporcionar un proceso seguro y ordenado a Estados Unidos" a través de un proceso de investigación de antecedentes que exigía a las personas en libertad condicional tener un patrocinador financiero. Tras la aplicación del CHNV, se produjo un descenso significativo de la migración irregular en la frontera sur por parte de nacionales de estos países. La finalización del programa dejará a más de medio millón de personas sin estatus legal, en gran parte debido a la falsa creencia de que los titulares de CHNV representan una sangría económica y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Si el Tribunal Supremo de EE.UU. accede a la petición de la administración, socavaría gravemente los principios jurídicos fundamentales del debido proceso y la revisión judicial, allanando el camino para más deportaciones de no ciudadanos por razones espurias.
La orden ejecutiva se dirige a los abogados que ejercen el derecho de inmigración
Lo que ocurrió: El 22 de marzo, la administración Trump emitió una orden ejecutiva menospreciando a los abogados que practican la ley de inmigración. El presidente escribió que el sistema de inmigración estaba plagado de "reclamaciones sin mérito" y "repleto de ejemplos de comportamiento sin escrúpulos por parte de abogados y bufetes de abogados."
Qué significa: La orden ejecutiva promueve varias afirmaciones infundadas, como que los abogados cometen fraude y "entrenan" indebidamente a sus clientes para que mientan. Estas sanciones tendrán un efecto amedrentador y crearán un clima de miedo entre los abogados de inmigración, perjudicando así a los no ciudadanos que necesitan representación legal. La orden ejecutiva también socava la función crítica de los abogados para garantizar el debido proceso de un individuo y su derecho a buscar protección.
Deportan a un salvadoreño con estatus legal por un "error administrativo"
Lo que ha pasado: La administración Trump reconoció el 31 de marzo que había deportado a Kilmar Abrego García, un ciudadano de El Salvador que vivía en Maryland bajo estatus legal protegido, como resultado de un "error administrativo." Funcionarios de la administración afirman que son incapaces de asegurar el regreso de García a Estados Unidos.
Qué significa: La deportación errónea de García es una consecuencia del acuerdo de la administración Trump con el gobierno de El Salvador, que ha acordado detener en sus prisiones a inmigrantes de cualquier nacionalidad que sean expulsados de Estados Unidos. La administración ha deportado a inmigrantes sin el debido proceso o, en algunos casos, sin ningún historial documentado de comportamiento criminal - y ha desafiado las órdenes judiciales de detenerse. Además, la administración ha alegado que es "impotente" para solicitar la devolución de García porque debe respetar la soberanía de El Salvador.
El incumplimiento de las normas fundamentales del debido proceso es muy preocupante. También lo son las violaciones de las normas básicas internacionales y nacionales de derechos humanos. Las personas que fueron enviadas a la megacárcel de El Salvador, un lugar tristemente célebre por sus malos tratos a los detenidos, suscitan verdadera preocupación por las personas sometidas a tortura y otros daños significativostodo ello contraviniendo la legislación estadounidense y los tratados internacionales de los que Estados Unidos es signatario.
Un tribunal bloquea la cancelación del TPS para venezolanos por parte de la Administración Trump
Lo que ha pasado: Por último, una buena noticia: El 31 de marzo, un tribunal federal bloqueó temporalmente el intento de la administración Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos. El TPS protegía a más de 350.000 personas proporcionándoles autorización de trabajo y protección contra la deportación. La administración Trump puso fin al TPS para los venezolanos en una orden ejecutiva el 1 de febrero. La orden del tribunal permitirá a los titulares de TPS del país permanecer temporalmente y trabajar en los Estados Unidos hasta la resolución de su demanda.
Qué significa: Los titulares de TPS venezolanos se enfrentarán a enormes consecuencias si se ven obligados a regresar a su país debido a la convicción equivocada de la administración Trump de que los inmigrantes son una carga económica y un riesgo para la seguridad de Estados Unidos.
