Desde su toma de posesión, el presidente Trump ha emitido cientos de órdenes ejecutivas, memorandos y proclamaciones, muchos de los cuales están directamente relacionados con la inmigración, el asilo y el reasentamiento de refugiados. Estas medidas, junto con otras órdenes ejecutivas y la legislación que se espera en las próximas semanas y meses, están a punto de remodelar la política de inmigración de Estados Unidos de manera significativa durante muchos años.
En respuesta, HIAS ha lanzado una serie resumiendo los acontecimientos importantes y explicando lo que significan. Estos posts de recapitulación, junto con artículos, declaraciones y recursos relevantes, pueden encontrarse en una página que hemos creado para seguir el efecto de la nueva administración en las personas desplazadas.
Esta semana, repasamos cómo afectan las medidas adoptadas recientemente por la administración Trump a los refugiados y otras personas desplazadas.
Continúa el enfrentamiento en el caso Kilmar Ábrego García
Lo que ocurrió: El caso de Kilmar Abrego García, un residente de Maryland deportado a El Salvador debido a un "error administrativo" e internado en la tristemente célebre prisión CECOT, siguió dominando los titulares esta semana. Durante una visita al Despacho Oval el lunes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el presidente Trump afirmaron ser impotentes para expulsar a García y devolverlo a Estados Unidos, donde vive con su familia. Al día siguiente, la jueza federal de distrito Paula Xinis dijo que que exigiría a la administración Trump que presente registros y respuestas juradas sobre los intentos del gobierno de traer de vuelta a García y amenazó con emitir un fallo por desacato. Y el miércoles, el senador demócrata Chris Van Hollen voló a El Salvador para visitar a García. Tras denegársele inicialmente el acceso, Van Hollen pudo finalmente reunirse con él, pero García aún no ha podido regresar a su hogar en Estados Unidos.
Lo que significa: La negativa de la administración Trump a facilitar el regreso de García, como exige el Tribunal Supremo, es escalofriante por razones que van más allá de un simple desafío a una orden judicial. Si una persona con permiso legal para estar en Estados Unidos puede ser deportada a un país extranjero y dejada pudrirse indefinidamente en prisión, entonces las libertades civiles básicas de todos los estadounidenses están en duda. En el caso específico de García, las acciones de la administración Trump son aún más preocupantes: un juez en 2019 había concedido a García protección contra la deportación después de determinar que su vida correría peligro si regresaba a El Salvador.
El caso de García seguirá siendo una noticia importante en las próximas semanas, ya que la Casa Blanca se enfrenta a la presión de la juez Xinis para cumplir con su sentencia y otros legisladores demócratas organizan visitas a El Salvador. Lea la declaración de HIAS sobre la detención en El Salvador de García y otros deportados.
Un juez dice que Trump probablemente actuó en desacato al no girar los vuelos de deportación
Lo que ocurrió: El miércoles, el juez de distrito James Boasberg dijo que la administración Trump probablemente actuó en desacato al negarse a dar la vuelta a los aviones que transportaban deportados venezolanos a la prisión CECOT en El Salvador. En marzo, Boasberg dictaminó que la administración no podía usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos miembros del Tren de Aragua, una pandilla venezolana, a El Salvador.
Lo que significa: El desafío de la administración Trump a la orden del juez Boasberg no solo plantea preocupaciones cruciales sobre el estado de derecho en Estados Unidos: también es un ejemplo de la política de inmigración draconiana e injusta del presidente. Los analistas independientes han encontrado pocas pruebas de que muchos de los más de 200 hombres deportados a El Salvador tuvieran vínculos con el Tren de Aragua; algunos, de hecho, fueron detenidos simplemente por tener tatuajes sospechosos.
El Departamento de Justicia ordena a los jueces que denieguen el asilo sin audiencias
Lo que ocurrió: Una política de la administración Trump implementada la semana pasada ordena a los jueces de inmigración a denegar audiencias de asilo a inmigrantes cuyos casos tienen pocas probabilidades de prosperar. Esta norma permitiría a los jueces eludir el proceso habitual de audiencias e impediría a los solicitantes de asilo presentar sus casos ante los tribunales.
Qué significa: La denegación por parte de la administración de las audiencias de asilo a los inmigrantes representa otra abrogación de los derechos del debido proceso y dará lugar al rechazo injusto de muchas solicitudes legítimas de asilo. La afirmación de que esta directiva se hace simplemente para hacer frente a la acumulación de casos de asilo es, en el mejor de los casos, falsa: la administración Trump aún tiene que cumplir la promesa de contratar a más jueces de inmigración, y de hecho ha reducido el número como parte de las reducciones de personal en todo el gobierno.
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El Departamento de Justicia de EE.UU. reduce el tamaño de la Junta de Inmigración (BIA)
Lo que ocurrió: El lunes, el Departamento de Justicia redujo el número de personal de la BIA de 28 a 15, alegando que el mayor número "no ha producido los aumentos de productividad esperados" y ha añadido ineficiencias estructurales.
Qué significa: La explicación declarada para este cambio -eliminar ineficiencias- no explica adecuadamente cómo nueve de los destituidos de la junta habían sido nombrados por la administración Biden. A medida que los casos pendientes en la BIA aumentado casi diez veces en la última década, la reducción del tamaño de la junta a casi la mitad sólo empeorará un retraso ya desalentador, trabajando en contra de los propósitos cruzados con la justificación declarada de la administración para su movimiento de negar audiencias de asilo.
Un juez bloquea temporalmente el cese de la situación legal de los inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela (CHNV)
Lo que ocurrió: La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Indira Talwani impidió que la administración Trump de seguir adelante con su plan de poner fin a la situación de libertad condicional de cientos de miles de cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos, hasta el 24 de abril. Talwani dictaminó que las suspensiones masivas de la libertad condicional no podían llevarse a cabo sin una revisión caso por caso.
Qué significa: La sentencia concede un indulto temporal a las más de 500.000 personas admitidas en Estados Unidos a través del CHNV, en lo que había sido una política emblemática de la administración Biden para reducir la migración irregular en la frontera entre Estados Unidos y México. El intento de la administración Trump de retirarles la residencia legal y el permiso de trabajo se basa en la noción falaz de que los titulares del CHNV representan una amenaza para la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos.
La Administración Trump pone fin al estatus de protección temporal para los residentes de Afganistán y Camerún
Lo que ocurrió: El 11 de abril, la administración Trump puso fin a el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los inmigrantes de Afganistán y Camerún. Se calcula que 14.600 afganos con derecho a TPS lo perderán en mayo, mientras que casi 8.000 cameruneses lo perderán en junio.
Qué significa: Muchos afganos elegibles para el TPS trabajaron con el ejército estadounidense durante la guerra de dos décadas en Afganistán y estarían sujetos a represalias talibanes si se ven obligados a regresar al país. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, ofreció pocas pruebas de su afirmación de que las condiciones en Afganistán y Camerún habían mejorado lo suficiente como para facilitar el fin del TPS para los nacionales de esos países.
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