La siguiente carta ha sido firmada por 565 miembros del clero judío de Estados Unidos. Vea los nombres de todos los firmantes.
La ley debe ser una herramienta de justicia, no un garrote de crueldad. Como líderes religiosos judíos, nos preocupa profundamente que los gobiernos utilicen la ley y la burocracia para causar daño con el pretexto de mejorar el orden jurídico. Nuestra historia y nuestros valores nos obligan a alzar la voz para proteger a nuestros vecinos y a nosotros mismos, y por la salud moral y existencial de nuestra sociedad.
Esta administración ha demostrado un patrón de explotación y ampliación de la interpretación de las leyes existentes para avivar el miedo entre las comunidades de inmigrantes. El gran pensador judío medieval Najmánides nos recuerda el potencial de la ley para carecer de moralidad cuando denominó la capacidad de una persona para actuar sin ética dentro de las limitaciones legales "naval birshut hatorah - un canalla con el permiso de la torah/ley", alguien que observa la letra de la ley mientras viola obviamente su espíritu. La ley no sólo puede permitir la inmoralidad, sino que puede ser una fuente de ella. Gran parte del Holocausto fue posible gracias a una serie de actos jurídicos que perdieron todo fundamento en una base de dignidad humana. No invocamos esa historia a la ligera en este contexto, ni estamos declarando que acontecimientos similares al Holocausto sean el final inevitable de lo que estamos presenciando hoy. Pero sabemos que el Holocausto no se produjo de la noche a la mañana: tuvo lugar tras años de manipulación, injusticia y discriminación. Y no fue sólo la lenta erosión de normas y leyes lo que lo hizo posible, sino su manipulación intencionada.
Vemos que este cruel impulso se repite en el uso que hace la administración de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a cientos de personas sin el debido proceso. Es evidente en la resurrección y alarmante expansión de una política de registro de 1940 para los inmigrantes que entran en el país sin visado. Es el mismo motivo utilizado en la revocación expansiva de visados de estudiante por parte del Secretario de Estado con la autoridad de una oscura disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952.
Las medidas de esta administración convierten en armas los estatutos para infundir terror y desconfianza en las comunidades de inmigrantes y en todas las poblaciones de Estados Unidos. No llevar la documentación al supermercado podría convertirse en un delito. Escribir un artículo de opinión que cuestione la política estadounidense o las opiniones de la administración podría acarrear la deportación. Ahora, incluso los bufetes de abogados están siendo penalizados por trabajar en causas que no se alinean con la Casa Blanca, lo que limita la capacidad de las personas para asegurarse una representación legal adecuada. Estas preocupaciones no son teóricas, dada la audacia con la que esta administración ya está atacando a los inmigrantes.
La Constitución pide al presidente que "vele por el fiel cumplimiento de las leyes". Este deber requiere algo más que un legalismo técnico que maximice el poder ejecutivo. Requiere un compromiso con la dignidad que nos otorgan nuestros derechos fundamentales como personas, ciudadanos y no ciudadanos por igual. Es este valor general el que da legitimidad a nuestro sistema. Cuando la ley se convierte en fuente de abusos y no de justicia, deja de cumplir su finalidad. Condenamos el menoscabo sistemático de los derechos y la seguridad de los inmigrantes. Como judíos y como estadounidenses, nos negamos a permanecer en silencio ante la cooptación de los estatutos de nuestra nación y expresamos nuestra alarma por el camino al que nos conduce. Exigimos que la administración abandone su interpretación manipuladora de la ley y restablezca el compromiso con los derechos inalienables que son la fuente de la grandeza de nuestro país.
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